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El Consell anuncia que se destruirán dos millones de expedientes judiciales
La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, anunció este jueves que antes de que finalice este año se destruirán finalmente más de dos millones de expedientes judiciales almacenados en el Archivo Provincial de Valencia, lo que supondrá un "gran expurgo" de documentos oficiales.
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Sánchez de León se pronunció en estos términos durante su intervención en Les Corts en la comisión de Gobernación y Administración Local, donde concretó que entre los documentos seleccionados para destruir, se han "salvado en bloque" los relativos a la Ley de Vagos y Maleantes, y a los de Peligrosidad Social, puesto que "pueden dar lugar a indemnizaciones a ex presos sociales", dijo.
La Junta de Expurgo, creada en 2006, se la encargada de determinar la eliminación o devolución de estos documentos. Según recordó la consellera, los integrantes de este órgano -un magistrado, un secretario, y tres vocales- reciben los expedientes de archivos y, previo estudio, dicta un acuerdo de eliminación o de conservación. Este acuerdo lo remiten al juzgado, se publica en los diarios oficiales y posteriormente se procede a su eliminación -a no ser que se hayan reclamado en el plazo establecido de dos meses-.
Este órgano, adscrito orgánicamente a la Conselleria de Justicia, aunque funciona de manera independiente, analiza la documentación judicial posterior a 1940, y siempre que estos expedientes estén terminados, carentes de valor judicial. En un primer momento, indicó que se comenzó el análisis con los juzgados de instrucción. Así, de los juzgados de primera instancia de Valencia se prefirió no destruir documentación con antigüedad menor de 30 años; mientras que en los juzgados de menores número 1 y 2 se ha dado por concluida la documentación y está archivada definitivamente.
Con la eliminación de estos expedientes judiciales, aseveró, se facilitará la descongestión de la Oficina Judicial; se ofrecerá la posibilidad de que la documentación que no está en trámite pueda salir físicamente del edificio judicial; se ganará en rapidez y agilidad; y se podrá dar una mejor respuesta a la devolución de documentos.
Resaltó que el procedimiento de eliminación que se sigue en la Comunitat Valenciana tiene "todas las garantías", por lo que aseveró que "lo estamos haciendo bien". Sin embargo, la diputada socialista Josefa Andrés dudó de esta afirmación y pidió más detalles de cómo se han clasificado los documentos; cuáles han sido preservados y cuáles desechados. La socialista expuso que la historia de este país "merece más trascendencia" y subrayó que la destrucción del papel es buena "si se ha hecho una buena selección".
Al respecto, Sánchez de León destacó que "no hay nada que nos puedan decir sobre el procedimiento llevado a cabo en el expurgo", porque se realiza "de acuerdo a una norma estatal, a la que nos hemos apuntado en todo momento", dijo. Así, reiteró que se está actuando "con toda la precisión que requiere este tipo de procedimientos".
Por ello, le aclaró a Andrés que la destrucción de expedientes de procedimientos con una antigüedad mayor a 30 años "sólo será posible, según hemos establecido, con los de primera instancia e instrucción por su especial sensibilidad". Es decir, puntualizó, "tan sólo" una parte del os siete millones de expedientes expurgados o analizados. Aseveró que se han conservado muchos expedientes por su valor histórico o judicial, y puntualizó, nuevamente, que "no se han destruido documentos fuera de la legalidad".
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